12 de los 17 miembros son elegidos o nombrados por las juntas o las jurisdicciones a las que pertenecen.
El Presidente de la CNIL tiene libertad a la hora de contratar a sus colaboradores. El presupuesto de la CNIL se imputa en el presupuesto del Estado.
Los agentes que trabajan en la CNIL son personal contratado por el Estado.
Las decisiones de la CNIL pueden recurrirse ante los órganos judiciales administrativos.

Durante los años 70, la noticia de que existía un proyecto gubernamental que pretendía identificar a cada ciudadano con un número e interrelacionar todos los ficheros de la administración tomando como base dicho identificador, suscitó una viva polémica en el seno de la opinión pública.
Este proyecto, conocido con el nombre de SAFARI, ponía de manifiesto los peligros de algunos usos de la informática y hacía temer que se fichase de manera generalizada a toda la población, lo cual llevó al gobierno a constituir una comisión que tuviese como objetivo proponer medidas que se destinasen a garantizar que el desarrollo de la informática se realizase respetando la intimidad, las libertades individuales y las libertades públicas.
Esta "Comisión de Informática y Libertades" propuso, tras amplios debates y consultas, la creación de una autoridad independiente, lo cual se hizo a raíz de la Ley del 6 de enero de 1978, en virtud de la cual se constituía la Comisión Nacional de Informática y Libertades.